La delegada del Gobierno en Valencia declara que ofreció la UME a la Generalitat ocho horas antes del envío de la alerta

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ofreció la Unidad Militar de Emergencias (UME) al Gobierno de Carlos Mazón ocho horas antes de que la Generalitat enviara la alerta masiva a móviles para avisar a la población de la magnitud de la dana, que el pasado octubre dejó 228 muertos y una senda de destrucción. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, ha precisado este dato durante su declaración como testigo en el juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye las pesquisas de la riada. Bernabé ha afirmado que, el día de la aciaga jornada, se puso en contacto con la entonces consejera de Justicia e Interior de Mazón, la hoy imputada Salomé Pradas, a las 12.23 horas, para poner a su disposición el contingente militar. “Pídeme la UME”, le espetó, según fuentes presentes en su comparecencia.

Pese al ofrecimiento, el Ejecutivo valenciano no reaccionó a la tragedia de una forma clara hasta las 20.11 horas, cuando remitió el SMS masivo a los teléfonos, que llegó cuando se acumulaban de fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. Además, cuando Bernabé ofrecía la UME por primera vez a la Generalitat, Mazón hacía media hora que acababa de quitar hierro al temporal al asegurar que la gota fría se iba a desplazar a la Serranía de Cuenca y que, sobre las 18.00 horas, disminuiría su intensidad en la Comunidad Valenciana, tal y como recogió un mensaje en X (antes Twitter) que luego borró. El president también llegó a tildar esa mañana de “exagerada” la decisión de la Universitat de València de suspender las clases.

En su primera comunicación con Pradas, Bernabé le advirtió del cariz que adquiría la tromba pasadas las 12.30 horas a raíz de la desaparición de un camionero en la comarca valenciana de La Ribera. La responsable gubernamental también ha desvelado que el president se comunicó con ella durante la jornada a través de WhatsApp mediante un número que no era el suyo. “[Mazón] tenía problemas con su teléfono”. La socialista ha acudido al juzgado con el listado de llamadas que registró su móvil. Y ha detallado que se comunicó con Pradas a las 12.33 horas. “Fue una llamada de cinco minutos, en la que le expliqué que había hablado con los alcaldes y me puse a su disposición”. “Atendió mi llamada, me dijo que tomaba nota y que seguíamos en contacto”. “En unas manifestaciones en televisión [la exconsejera] llegó a decir que no le había ofrecido a la UME”, ha lamentado en su comparecencia de casi siete horas ante la jueza que indaga la inundación, Nuria Ruiz Tobarra.

Tras contactar con los alcaldes de Utiel y Requena, la representante gubernamental volvió a llamar, de nuevo, a Pradas. Fue a las 14.06 horas. “A las 14.53 horas me llama Pradas y me pide oficialmente la UME. [...] A partir de ese momento fue todo muy angustioso. Todas las llamadas que mantuve con el alcalde de Utiel eran de desesperación, de mucha preocupación”, ha indicado Bernabé, que permaneció en la sede de la delegación del Gobierno el 290.

La reunión del Cecopi

En un momento del encuentro del Cecopi, el dispositivo de emergencias de la Generalitat que se reunió la tarde de la dana, Bernabé fue informada por la alcaldesa del municipio valenciano de Paiporta de que había vecinos ahogándose. La delegada ha dicho que, al arrancar esta cita, la dirección le avisó que los rescates estaban siendo muy complicados en Utiel y que la UME tuvo problemas para entrar en esta población. “Antes de las 18.00 horas, la consejera [Pradas] nos advirtió de que iban a parar, que iban a pensar qué iban a hacer y que, cuando tomaran una decisión, nos avisarían”, ha declarado. “Nos pidieron que apagáramos las cámaras y los micrófonos”, ha añadido en alusión a la conferencia por Zoom que mantuvieron las 29 instituciones que participaron en el Cecopi (gubernamentales, autonómicas y municipales). Bernabé ha dicho que, antes del envío de la alerta, hubo un corte en la conexión de la reunión “de 20 minutos”, que Pradas, que era “quien ejercía el mando”, le informó del SMS masivo a móviles. Y que esta misiva fue redactada por dos miembros de la administración autonómica y validada por una tercera persona. También ha declarado que pensaba que el texto que la Generalitat envió a los celulares incluía una mención a subir a las primeras plantas y eludir los bajos. La instructora ya ha afirmado que el SMS llegó tarde, fue confuso y, de haberse ejecutado de manera correcta, se hubieran salvado vidas.

Sobre la llegada de Mazón al Cecopi, Bernabé ha indicado que creía que el president aterrizó en el dispositivo de emergencias a las 19.00 horas. Tras varios meses de evasivas, el jefe del Consell confesó que apareció a este centro radicado en L’Eliana (Valencia) a las 20.28 horas, 17 minutos después del envío de la alerta masiva a móviles.

La delegada ha contado también advirtió a Pradas del desbordamiento del barranco del Poyo, detonante de la tragedia, a las 19.00. horas. Y que pidió que el SMS masivo a los teléfonos no se enviara solo por el riesgo de rotura de la presa de Forata. También solicitó que el mensaje llegara a toda la provincia. “Nadie en el Cecopi hizo alusión al barranco del Poyo”, ha remarcado en alusión a esta infraestructura que desató la gran ola que inundó localidades como Catarroja o Paiporta. Bernabé ha reconocido que hubiera sido mejor que el Cecopi se hubiera convocado por la mañana del día del 29-0 y no a las 17.00 horas del día de la dana.

La socialista ha explicado que, el día de la dana, anuló un viaje a Córdoba tras conocer que se había decretado la alerta roja meteorológica. Convocó a su equipo, en una reunión que arrancó a las 9.30 horas de la aciaga jornada y contacto con organismos como la Guardia Civil, la Agencia Española de Meteorología (Aemet) y la UME. “Quería que me explicaran qué había ocurrido durante la noche”, ha añadido. Bernabé ha relatado que preguntó a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, por los riesgos de la jornada y llamó durante la mañana del 29 de octubre a los alcaldes de los municipios de la comarca de La Ribera.

La representante del Ejecutivoha declarado como testigo durante casi siete horas ante la jueza que instruye penalmente las pesquisas de la gota fría, Nuria Ruiz Tobarra. A diferencia del pasado viernes, cuando acudieron a declarar como investigados los dos exaltos cargos del Ejecutivo de Carlos Mazón —la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Salomé Pradas y quien fuera su segundo, el exdirector de Emergencias Emilio Argüeso— Bernabé no ha sido increpada a la entrada del acristalado enjambre de oficinas de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Decenas de familiares de víctimas recibieron entonces a los dos exdirigentes del Consell al grito de “¡Mazón, dimisión!” o “¡Mazón, putero!”.

Bernabé, que como testigo debe decir la verdad y responder a todas las partes, ha indicado antes de entrar en el juzgado que no eludirá ninguna de las preguntas. Le han podido formular cuestiones las decenas de acusaciones particulares personadas (la mayoría son familiares de víctimas mortales), las populares —que ejercen partidos como Podemos, Vox, Ciudadanos o el PSOE—, el fiscal y los abogados de los exaltos cargos de Mazón imputados en las pesquisas. Estos últimos solo respondieron a sus defensas.

Desde que arrancó la instrucción judicial, hace cinco meses, Bernabé se ha convertido en la diana de las organizaciones de extrema derecha, como Hazte Oír, que han recurrido a su figura para tratar de sostener la tesis de la responsabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la monumental inundación. Un argumento que ya descartó la instructora, al insistir en la “competencia autonómica” de la tragedia, y el ministerio público, que desestimó el recurso de esta organización ultra.

La Fiscalía estimó entonces que Bernabé no cometió ninguna irregularidad al no instar al Ministerio del Interior a la declaración del estado de emergencia tras la gota fría. “Tal argumento es absurdo. Es como si, ante un accidente de tráfico con lesiones y muertes, varios conductores deniegan el socorro de las víctimas, y se formaliza una querella contra uno de los conductores”, justificó entonces el ministerio público en un escrito.

La declaración como testigo de Bernabé se desarrolla dos días después de que los dos exdirigentes del Ejecutivo de Mazón investigados declararan ante la magistrada. Pradas y Argüeso esgrimieron tesis exculpatorias calcadas para justificar su trabajo en la tragedia, descargaron su responsabilidad en los técnicos y protegieron de forma explícita a quien les catapultó a la primera línea de la política valenciana, Carlos Mazón. Las pesquisas instruyen los presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes, que están castigados con entre cuatro y tres años de cárcel, respectivamente.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, del PP, también declarará hoy como testigo ante la magistrada Tobarra.